El Título VIII se destina a prever el régimen de la resolución de decomiso e incorpora, con algunas adaptaciones, el contenido presente en la Ley 4/2010, de ten de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. De este modo, regula el procedimiento a través del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales españolas, aquellas sentencias firmes por las que se imponga un decomiso, a otros Estados miembros de la Unión Europea, y establece el modo en el que las autoridades judiciales españolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando le sean transmitidas por otro Estado miembro.
25. Pide a la Comisión que garantice una financiación adecuada a Eurojust y la Crimson Judicial Europea (RJE) que les permita facilitar y coordinar la orden de detención europea; lamenta que las actuales asignaciones presupuestarias de la Comisión para Eurojust sean insuficientes a la vista de los retos a los que se enfrenta este organismos debido al continuo aumento del número de casos tratados, y que supongan una congelación de la financiación a pesar de la mayor carga de trabajo; pone de minimize que para que Eurojust pueda cumplir su misión es imprescindible que su presupuesto esté a la altura de sus funciones y prioridades; reitera su petición de una purple judicial específica para las órdenes de detención europea;
Imaginamos las dificultades que pueden encontrar aquellos involucrados en estos temas por razones personales o familiares en la búsqueda de protección.
3. Los motivos de fondo por los que se haya adoptado la orden o resolución sólo podrán ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado miembro de la autoridad judicial de emisión.
Se trata de una herramienta que ha reforzado la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros y se basa en el principio del reconocimiento mutuo de decisiones en materia penal.
14. Destaca la importancia de evaluar la inclusión de nuevos delitos o categorías de delitos, como delitos medioambientales (por ejemplo, los delitos por contaminación procedente de buques), determinadas formas de evasión fiscal, delitos de odio, abusos sexuales, violencia de género, delitos cometidos a través de medios digitales, como la usurpación de identidad, delitos que implican el uso de la violencia o una amenaza grave contra el orden público de los Estados miembros y delitos contra la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos mediante el uso de la violencia, delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en el marco de un mayor compromiso de los Estados miembros con la cooperación judicial, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; subraya que un mayor grado de cooperación judicial respecto de este tipo de navigate here delitos ayudaría a la Unión a alcanzar sus propios objetivos prioritarios, reforzando a un tiempo la cultura de respeto de la democracia y el Estado de Derecho en la Unión;
S. Considerando que el system de trabajo de 2009 para reforzar los derechos en los procesales penales en la Unión reconoce el problema de los for eachíodos de prisión preventiva; que las condiciones penitenciarias, que deben respetar los valores consagrados en el artworkículo 2 del TUE, constituyen un problema en muchos Estados miembros; que en algunos Estados miembros se plantean cuestiones relativas al Estado de Derecho, como reflejan las sentencias del TEDH;
El objetivo remaining de este instrumento es facilitar la entrega de personas buscadas dentro del espacio europeo.
Delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas.
d) Cuando la infracción no sea sancionable con una pena o medida de seguridad privativas de libertad.
Cuando la autoridad judicial española emita una orden europea de detención y entrega podrá solicitar, cuando sea necesario, a las autoridades de ejecución que, de conformidad con su derecho interno, entreguen los objetos que constituyan medios de prueba o efectos del delito y que se adopten las medidas de aseguramiento pertinentes.
En caso de que el imputado manifieste su deseo de cumplir la medida en otro Estado distinto, la autoridad judicial solicitará de la autoridad competente del mismo el consentimiento para la transmisión de la resolución.
Artículo seventy four. Retirada de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por el Juez de Vigilancia Penitenciaria emisor.
one. El reconocimiento en España de una resolución de libertad vigilada dictada por otro Estado miembro de la Unión Europea this contact form no estará sujeto a Command de la doble tipificación cuando se refiera a hechos tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el apartado one del artworkículo 20, siempre que estén castigados en el Estado de emisión con penas o medidas privativas have a peek here de libertad cuya duración máxima sea de al menos tres años.